El gobierno de Estados Unidos anunció la congelación de más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales y 60 millones adicionales en contratos destinados a la Universidad de Harvard. La medida responde a la negativa de la institución de implementar una serie de reformas exigidas por la administración, que incluyen cambios en las políticas de admisión, contratación y financiamiento de grupos estudiantiles, según informó The Associated Press.
Entre las disposiciones más controvertidas se encuentra la prohibición del uso de mascarillas en el campus y la exigencia de que Harvard deje de reconocer o financiar a organizaciones estudiantiles que promuevan actividades consideradas ilegales, violentas o de acoso, como el antisemitismo.
Las subvenciones federales representan alrededor del 11 % del presupuesto anual de la universidad, que asciende a 6.400 millones de dólares, según cifras oficiales divulgadas por la propia institución.
El presidente de Harvard, Alan Garber, respondió a través de una carta dirigida a la comunidad universitaria, en la que calificó las exigencias del gobierno como una violación a los derechos protegidos por la Primera Enmienda y una extralimitación de autoridad bajo el Título VI, que prohíbe la discriminación en instituciones educativas financiadas por el Estado.
Garber defendió la autonomía de las universidades privadas, argumentando que no deben estar sujetas a imposiciones gubernamentales sobre lo que deben enseñar, a quién pueden admitir o contratar, ni qué áreas de investigación priorizar. Aseguró además que Harvard ya ha adoptado medidas significativas para combatir el antisemitismo, pero rechazó la idea de que dichas acciones deban estar dictadas por el gobierno.
“Estos fines no se lograrán mediante la imposición de poderes ajenos a la ley para controlar la enseñanza y el aprendizaje en Harvard y dictar cómo operamos”, escribió Garber. Añadió que corresponde a la comunidad universitaria definir las acciones necesarias para cumplir con sus valores y compromisos.
Desde la Casa Blanca, se acusó a instituciones como Harvard de no actuar con firmeza frente al antisemitismo, especialmente en el contexto de protestas vinculadas al conflicto entre Israel y Gaza. Una reciente declaración de la universidad fue considerada por el gobierno como reflejo de una “preocupante mentalidad endémica” que, según afirmaron, prevalece en las universidades de élite y que evidencia una falta de compromiso con la defensa de los derechos civiles, a pesar de recibir fondos públicos.
Harvard no es la única universidad afectada. Columbia ya ha perdido 400 millones de dólares en financiación federal, aunque, a diferencia de Harvard, se ha comprometido a implementar reformas drásticas para recuperar el respaldo del gobierno. De acuerdo con The Associated Press, también se han suspendido fondos a las universidades de Pensilvania, Brown y Princeton.
La postura de Harvard ha recibido el respaldo de exalumnos y organizaciones académicas. Un grupo de antiguos estudiantes envió una carta a la dirección de la universidad exhortando a impugnar legalmente las demandas del gobierno, argumentando que representan una amenaza a la libertad académica y la autonomía institucional.
Anurima Bhargava, una de las firmantes de la carta, elogió la posición asumida por la universidad: “Harvard defendió hoy la integridad, los valores y las libertades que fundamentan la educación superior”, afirmó.
El conflicto también ha generado protestas durante el fin de semana, tanto en el campus como en la ciudad de Cambridge. Además, la Asociación Americana de Profesores Universitarios presentó el viernes una demanda en la que acusa al gobierno de no haber seguido los procedimientos establecidos por el Título VI antes de ordenar los recortes. En ella, sostienen que las exigencias de la administración no abordan adecuadamente las causas de posibles incumplimientos de la ley federal, y que en realidad buscan imponer una agenda política y sancionar posturas divergentes.
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