El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado al Gobierno de Donald Trump que suspenda temporalmente la deportación de al menos una treintena de inmigrantes venezolanos detenidos en el centro Bluebonnet, en Texas. Las autoridades planeaban trasladarlos a El Salvador amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 diseñada para tiempos de guerra. Según los planes, los migrantes serían encerrados en una prisión de alta seguridad en ese país centroamericano.
La decisión del alto tribunal, emitida en la madrugada del sábado, congela las expulsiones hasta que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito se pronuncie. «Se ordena al Gobierno que no expulse a ningún miembro del grupo putativo de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal», señala la resolución, en la que se invita a la fiscal general a presentar su respuesta tras el fallo del tribunal inferior.
El fallo fue respaldado por siete de los nueve jueces del Supremo —cuatro conservadores y tres progresistas—, mientras que los magistrados ultraconservadores Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra. Alito anunció que emitirá un voto particular para exponer los motivos de su disenso.
Este nuevo revés judicial para la Casa Blanca se enmarca en una creciente resistencia institucional frente al endurecimiento autoritario de Trump en su segundo mandato. Desde universidades hasta medios de comunicación y despachos legales, diversas entidades han sido blanco de presiones, amenazas y represalias por parte del Ejecutivo. Algunas han cedido para evitar consecuencias, pero otras han optado por plantar cara.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la Universidad de Harvard. La prestigiosa institución recibió una carta del Gobierno exigiendo cambios drásticos en sus políticas de admisión, contratación y planes de estudio. Ante la amenaza de perder financiación, privilegios fiscales y el acceso de estudiantes extranjeros, Harvard se negó a ceder. El gesto ha inspirado movimientos similares en otras universidades como Yale y el MIT.
La ofensiva del Ejecutivo también ha alcanzado a bufetes de abogados. Firmas que participaron en litigios contra Trump han sido excluidas por decreto de edificios federales y han sufrido otras restricciones. Aunque la mayoría ha optado por concesiones para sobrevivir, el despacho Perkins Coie decidió llevar el caso a los tribunales. Más de 500 firmas legales han firmado una declaración en su apoyo, alertando sobre las amenazas al Estado de derecho.
La agencia Associated Press también presentó una demanda contra el Gobierno por haber sido excluida de la cobertura presidencial por negarse a usar el nombre “Golfo de América” en lugar de “Golfo de México”. Aunque logró recuperar temporalmente su acceso, la Casa Blanca respondió endureciendo aún más el cerco a los medios, dejando fuera a todas las agencias de noticias del círculo con acceso directo al presidente.
La resistencia también se ha trasladado a las calles. El senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez lideran la gira Combatir la oligarquía, que ha congregado multitudes en todo el país. Movimientos ciudadanos convocaron nuevas protestas este sábado en los 50 estados bajo el lema Día de acción contra las políticas y abusos del Gobierno de Trump, tras el éxito de la jornada ¡Manos fuera! celebrada dos semanas atrás.
En este contexto, la política migratoria de Trump ha encendido aún más las alarmas. La Administración recurre a la Ley de Enemigos Extranjeros para ejecutar deportaciones exprés, sin pruebas judiciales ni garantías para los detenidos, a quienes acusa de pertenecer a grupos armados. Un caso reciente muestra el grado de arbitrariedad: un salvadoreño con residencia legal fue deportado por error, y en lugar de gestionar su regreso, el Gobierno lo ha descalificado públicamente.
La decisión del Supremo llega tras el fracaso de los intentos legales de los abogados de los venezolanos, rechazados por dos jueces federales. Uno de ellos, James Boasberg, reconoció que el caso planteaba «preocupaciones legítimas», pero explicó que no podía intervenir porque la jurisdicción para emitir órdenes contra deportaciones corresponde al distrito donde están detenidos los inmigrantes.
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido invocada solo tres veces en la historia de EE. UU., la última durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos japoneses-estadounidenses. Trump la reactivó el 14 de marzo de 2025, alegando que Estados Unidos enfrenta una “invasión” del grupo criminal Tren de Aragua, con sede en Venezuela. Sin embargo, no hay guerra declarada entre ambos países, ni Tren de Aragua es un Estado extranjero.
Las juezas progresistas del Supremo han denunciado el uso ilegítimo de la ley. En su voto particular, advirtieron que esta interpretación abre la puerta a expulsiones sin proceso ni reparación judicial, incluso de ciudadanos estadounidenses. “La historia conoce regímenes sin ley como este. Pero el sistema legal de esta nación está diseñado para impedirlos, no para facilitarlos”, concluyeron.
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