El Parlamento húngaro aprobó este lunes una controvertida enmienda constitucional que otorga al gobierno la facultad de prohibir eventos públicos organizados por comunidades LGBTQ+. La medida, impulsada por el partido gobernante Fidesz-KDNP, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, ha sido duramente criticada por juristas y defensores de los derechos humanos, quienes la consideran un nuevo paso hacia el autoritarismo.
La enmienda fue adoptada con 140 votos a favor y 21 en contra, siguiendo la disciplina partidaria y superando el umbral de dos tercios requerido para modificar la Constitución. La votación estuvo precedida por una protesta de legisladores opositores y activistas, quienes intentaron bloquear la entrada al estacionamiento del Parlamento encadenándose entre sí. La policía intervino y los retiró por la fuerza.
La modificación constitucional establece que los derechos de los niños al desarrollo moral, físico y espiritual prevalecen sobre otros derechos, como el de reunión pacífica. Esta disposición refuerza la polémica legislación de “protección infantil” que ya prohíbe mostrar o promover la homosexualidad a menores de 18 años.
La enmienda también consagra una ley aprobada en marzo que veta cualquier acto público organizado por la comunidad LGBTQ+, incluyendo el desfile del Orgullo en Budapest, uno de los eventos más concurridos del país. Además, permite a las autoridades utilizar reconocimiento facial para identificar a los asistentes a actos prohibidos, lo que podría conllevar multas de hasta 200.000 forintos húngaros (unos 546 dólares).
Desde la oposición, el diputado Dávid Bedő, del partido Momentum, advirtió que el gobierno de Orbán está acelerando el desmantelamiento del Estado de derecho. “En los últimos 15 años han erosionado sistemáticamente la democracia, y ahora que se acercan las elecciones de 2026 y van por detrás en las encuestas, harán todo lo posible por mantenerse en el poder”, declaró.
Durante la sesión parlamentaria, legisladores opositores intentaron interrumpir la votación con bocinas de aire, aunque esta continuó tras una breve pausa.
El gobierno húngaro ha intensificado en los últimos años su campaña contra las comunidades LGBTQ+, bajo el argumento de que sus políticas protegen a la infancia frente a lo que describen como la “ideología progresista” y la “locura de género”. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos legales afirman que estas medidas poco tienen que ver con la protección infantil y más con una estrategia para desviar la atención de los problemas internos del país y reforzar la base electoral conservadora de Orbán.
“Este esfuerzo del gobierno no tiene nada que ver con los derechos de los niños”, señaló Dánel Döbrentey, abogado de la Unión de Libertades Civiles de Hungría, quien calificó la enmienda como “pura propaganda”.
La reforma también establece que la Constitución reconoce únicamente dos sexos —masculino y femenino—, una extensión de enmiendas anteriores que prohíben la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Esta disposición sienta un precedente constitucional para negar las identidades de personas transgénero y la existencia de individuos intersexuales.
En un comunicado, el portavoz del gobierno, Zoltán Kovács, defendió la medida al afirmar que “no es un ataque a la autoexpresión individual, sino una aclaración de que las normas legales se basan en la realidad biológica”. Para Döbrentey, se trata de “un mensaje claro” hacia las personas trans e intersexuales: “El objetivo es humillarlas y excluirlas, no solo de la comunidad nacional, sino incluso de la humanidad”.
Se trata de la decimoquinta modificación a la Constitución desde que el partido Fidesz la redactó y aprobó en solitario en 2011.
Además, la enmienda incluye una cláusula que permite suspender la ciudadanía húngara —por hasta diez años— a ciudadanos con doble nacionalidad fuera del Espacio Económico Europeo si se considera que representan una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
En los últimos meses, el gobierno de Orbán ha intensificado su discurso nacionalista, asegurando que Hungría debe protegerse de supuestos intentos extranjeros por influir en su política o incluso derrocar su administración. En un discurso reciente plagado de teorías conspirativas, Orbán comparó a los trabajadores de ONG, periodistas y jueces con “insectos” y prometió eliminar lo que llamó “un ejército en la sombra” financiado por intereses foráneos.
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