La Agencia Central de Inteligencia (CIA) está revisando sus facultades legales para emplear fuerza letal contra cárteles del narcotráfico en México y otros países. Esta revisión surge en un contexto donde el gobierno de Donald Trump busca priorizar la lucha contra los cárteles dentro de la agenda de la agencia, según confirmó un funcionario estadounidense y otras tres fuentes conocedoras del tema.
Aunque no implica una orden directa del presidente Trump para que la CIA actúe, el análisis busca determinar qué acciones serían legalmente viables y cuáles serían los riesgos asociados a cada una. Esta evaluación refleja la seriedad con la que la administración considera la posibilidad de usar medidas más agresivas.
El proceso también evidencia la preocupación dentro del gobierno por las implicaciones de aplicar tácticas antiterroristas —como las empleadas en Medio Oriente— en zonas más cercanas a territorio estadounidense. Según funcionarios, este tipo de operaciones podría aumentar significativamente el riesgo de daños colaterales a ciudadanos estadounidenses.
Uno de los puntos clave bajo revisión legal es la responsabilidad de la CIA si ciudadanos estadounidenses resultan muertos accidentalmente durante una operación. La agencia, indicaron las fuentes, actúa con cautela al considerar el uso de recursos diseñados originalmente para operaciones militares contra objetivos de narcotráfico.
Este año, la administración Trump designó a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que, según funcionarios actuales y anteriores, podría servir como base legal para futuras acciones letales. Además, la CIA ya opera drones de vigilancia —capaces de ser armados— sobre territorio mexicano.
Legalmente, la CIA puede ejecutar ataques letales o colaborar con países aliados proporcionando inteligencia y otros apoyos, siempre que cuente con la autorización presidencial y respete las leyes que regulan los conflictos armados. Sin embargo, ejecutar estas acciones en zonas con una alta presencia de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes representa un desafío inédito para la agencia, especialmente por el potencial de demandas legales.
“No se trata de si pueden usar fuerza letal. Pueden hacerlo”, comentó una fuente involucrada en la revisión. “La cuestión es qué ocurre si estadounidenses resultan heridos o muertos, dada su presencia en esas regiones”.
Además del posible costo humano, las consecuencias políticas podrían afectar a países aliados, como México. Si una operación de la CIA genera controversia o presión interna, esos gobiernos podrían restringir futuras actividades de la agencia en su territorio.
Una de las fuentes señaló que la revisión también refleja las lecciones aprendidas tras el polémico programa de “interrogatorios mejorados” durante el gobierno de George W. Bush, que posteriormente fue calificado como tortura por legisladores y por la administración Obama. En ese caso, la CIA fue acusada de haber superado los límites legales, lo que llevó a investigaciones públicas y un fuerte escrutinio institucional.
Según las fuentes, la agencia entiende que cualquier acción contra los cárteles debe cumplir con los estándares del derecho internacional, incluyendo la proporcionalidad frente a la amenaza. En este contexto, la CIA busca evitar decisiones que puedan derivar en consecuencias legales o reputacionales a largo plazo.
El mes pasado, la comunidad de inteligencia estadounidense publicó su evaluación anual de amenazas, destacando —por primera vez en casi dos décadas— el papel de los cárteles como una prioridad. Sin embargo, muchos funcionarios de Seguridad Nacional consideran que, aunque representan un problema grave, los cárteles no constituyen una amenaza existencial para Estados Unidos.
“Es comprensible que aún pese la experiencia de los ‘interrogatorios mejorados’, hasta el punto de que muchos no vean esto como una crisis real”, señaló un exfuncionario.
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