Tras un devastador terremoto que, según cifras oficiales, dejó más de 2.000 muertos, la junta militar de Myanmar continúa bombardeando diversas zonas del país, ya afectadas por el conflicto.
La ONU calificó estos ataques como «totalmente indignantes e inaceptables». El relator especial Tom Andrews declaró a la BBC que era «increíble» que los militares siguieran «lanzando bombas mientras se intentaba rescatar a los sobrevivientes». Andrews instó al régimen militar, en el poder desde el golpe de Estado de hace casi cuatro años, a cesar todas las operaciones militares. «Cualquiera que tenga influencia sobre los militares debe aumentar la presión y dejar muy claro que esto no es aceptable», añadió.
El Servicio Birmano de la BBC confirmó la muerte de siete personas en un ataque aéreo en Naungcho, al norte del estado de Shan. Este ataque ocurrió alrededor de las 15:30 del viernes, menos de tres horas después del terremoto. Además, el lunes, el ejército de Myanmar llevó a cabo ofensivas terrestres en la región de Sagaing, también afectada por el sismo, según informaron grupos rebeldes.
Un portavoz de la Fuerza de Defensa Popular de Chaung U, un grupo insurgente, declaró a la BBC que fueron blanco de un intenso fuego de mortero. También se reportaron cinco convoyes militares en la zona. Por otro lado, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que representa a la administración civil derrocada, anunció una pausa de dos semanas en sus «operaciones militares ofensivas, salvo acciones defensivas» en las áreas golpeadas por el terremoto, a partir del domingo.
Mientras tanto, los equipos de rescate enfrentan una grave escasez de recursos para asistir a los damnificados. Grupos rebeldes prodemocracia, que luchan por derrocar a la junta, informaron sobre bombardeos aéreos en el municipio de Chaung-U, en la región noroccidental de Sagaing, epicentro del terremoto. También se reportaron ataques aéreos en áreas cercanas a la frontera con Tailandia.
El lunes, los militares continuaron sus bombardeos en distintas partes del país, en un esfuerzo por sofocar la insurrección contra su gobierno. El terremoto de magnitud 7,7, que sacudió Sagaing, también se sintió en países vecinos y causó daños en Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, y en la capital, Nay Pyi Taw, situada a más de 240 kilómetros de distancia.
Según la junta, el sismo ha causado 2.056 muertos, más de 3.900 heridos y ha dejado a 270 personas desaparecidas. Sin embargo, la BBC no ha podido verificar estas cifras de manera independiente, aunque ha recibido informes sobre un fuerte olor a cadáveres bajo los escombros en Mandalay, donde las temperaturas alcanzan los 40 °C.
El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que «una cifra de muertos superior a 10.000 es una posibilidad real» debido a la magnitud y ubicación del terremoto. Esta catástrofe se produce en medio de una guerra civil que ya dura cuatro años, iniciada tras el golpe militar de 2021. Lo que comenzó como protestas masivas se convirtió en una insurgencia armada protagonizada por grupos rebeldes étnicos y prodemocráticos, desatando un conflicto generalizado.
Cuatro años después, los combates entre las fuerzas militares y la resistencia armada continúan con gran intensidad. La junta, que ha sufrido varias derrotas y ha perdido el control de vastas zonas, recurre cada vez más a ataques aéreos para mantener su dominio. Actualmente, grandes partes de la región de Sagaing, epicentro del terremoto, están bajo control de los rebeldes.
Una investigación de la BBC reveló que, tras casi cuatro años de dictadura militar, los generales controlan menos de una cuarta parte del país. Mientras que los grupos de resistencia y los ejércitos étnicos dominan el 42% del territorio, el resto sigue siendo una zona de disputa.
En el ámbito militar, el régimen tiene ventaja en los combates aéreos, ya que la resistencia carece de capacidad para responder en el aire. El ejército ha realizado bombardeos indiscriminados que han destruido escuelas, monasterios, iglesias y hospitales. Uno de los ataques más mortíferos dejó más de 170 víctimas, incluidas mujeres y niños.
La ONU ha advertido que la junta militar está cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad contra su propio pueblo. Su poder aéreo se mantiene gracias al apoyo de Rusia y China, que han vendido sofisticados aviones de ataque y brindado entrenamiento militar a la junta, a pesar de los llamados internacionales para imponer un embargo de armas.
Curiosamente, tanto Rusia como China también han enviado ayuda humanitaria a Myanmar. Sin embargo, la activista de derechos humanos birmana Julie Khine, radicada en el Reino Unido, expresó su escepticismo: «Es difícil confiar en su compasión cuando son los mismos países que suministran a la junta las armas utilizadas para matar a nuestros civiles inocentes».
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