La Administración Trump admitió haber deportado por error a un residente de Maryland a una megacárcel en El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía su expulsión del país. Aunque reconoció la equivocación, el Gobierno argumentó que no podía facilitar su regreso a Estados Unidos, donde, según los registros judiciales presentados por sus abogados, ha vivido con su familia desde 2011.
El lunes, en una presentación judicial, los abogados del Gobierno estadounidense reconocieron que Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño residente en Maryland con su esposa e hijo de cinco años, fue deportado a pesar de contar con protección legal contra su expulsión. Destacaron que su esposa y su hijo, quien tiene una discapacidad, son ciudadanos estadounidenses. «Aunque ICE era consciente de su protección frente a la deportación, Abrego García fue enviado a El Salvador por un error administrativo», señaló el Gobierno en su informe. Sin embargo, las autoridades argumentaron que Estados Unidos no tenía jurisdicción para garantizar su retorno desde la prisión CECOT.
En 2019, un juez de inmigración le otorgó a Abrego García un estatus legal protegido, prohibiendo su deportación a El Salvador. Sus abogados explicaron que huyó a Estados Unidos a los 16 años para escapar de la violencia de las pandillas. «Desde 2006, miembros de una pandilla lo acosaron, golpearon y amenazaron con secuestrarlo y matarlo para presionar a sus padres a pagar extorsiones cada vez mayores», afirmaron en su escrito legal.
Abrego García no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en ningún otro país, según su equipo legal. Además, negó cualquier vínculo con pandillas, a pesar de las acusaciones del Gobierno estadounidense, que, según sus abogados, «nunca ha presentado pruebas para respaldar esa afirmación infundada».
En su presentación judicial, revelada inicialmente por The Atlantic, el Gobierno minimizó el riesgo de que Abrego García fuera torturado o asesinado en el CECOT. Su abogado, Simón Sandoval-Moshenberg, afirmó que este caso es inédito: «Nunca había visto una situación en la que el Gobierno deportara deliberadamente a alguien con estatus de protegido».
Los abogados del demandante señalaron que las autoridades migratorias podrían haber deportado a Abrego García a cualquier otro país excepto El Salvador. Sin embargo, aseguraron que «los demandados consideraron engorrosos los procedimientos legales, por lo que decidieron ignorarlos y, aun así, lo deportaron».
Euronews contactó a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios. La Administración Trump deportó el 16 de marzo a más de 250 personas sin audiencia a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, en virtud de un acuerdo con el país centroamericano. El Gobierno los acusó de ser miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y los deportó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos.
La esposa de Abrego García lo identificó en una fotografía publicada en un artículo sobre el CECOT. Aunque la imagen no mostraba los rostros de los presos, reconoció a su esposo por sus tatuajes y dos cicatrices en la cabeza.
Leave a comment