El gobierno de Donald Trump revocará el estatus legal temporal de 530.000 migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos, según un aviso publicado el viernes en el Registro Federal. Esta medida marca un nuevo episodio en su política de línea dura contra la inmigración.
La decisión acorta el “parole” de dos años otorgado bajo la administración de Joe Biden, que permitía a estos migrantes ingresar al país por vía aérea si contaban con patrocinadores estadounidenses.
Desde que asumió el cargo, Trump ha reforzado la aplicación de las leyes migratorias, impulsando la deportación de un número récord de inmigrantes indocumentados. Ha argumentado que los programas de libertad condicional implementados por su predecesor demócrata exceden los límites de la ley federal y ordenó su eliminación en un decreto del 20 de enero.
El pasado 6 de marzo, Trump anunció que pronto decidiría si retiraba el estatus de parole a unos 240.000 ucranianos que ingresaron a EE.UU. tras la guerra con Rusia. Su declaración fue en respuesta a un informe de Reuters que señalaba que su administración planeaba revocar dicho estatus en abril.
Biden lanzó en 2022 un programa de libertad condicional para venezolanos, que en 2023 amplió a cubanos, haitianos y nicaragüenses, en un intento por gestionar el alto flujo de inmigración irregular de estas nacionalidades. Las relaciones diplomáticas entre estos cuatro países y EE.UU. han sido tensas, y la administración Biden buscó alternativas legales para frenar los cruces ilegales en la frontera con México.
Sin embargo, la decisión de Trump de eliminar este estatus legal podría dejar a miles de migrantes en riesgo de deportación si permanecen en el país. Aún se desconoce cuántos de los beneficiarios han obtenido otra forma de protección o residencia legal.
En el caso de Venezuela, país sin relaciones diplomáticas con EE.UU. desde 2019, ambos gobiernos acordaron recientemente reanudar los vuelos de deportación. Esto ocurrió después de que Washington suspendiera una licencia que permitía a Chevron operar en el país, como represalia por la falta de repatriaciones.
“El régimen de Maduro debe dejar de dilatar el proceso y garantizar vuelos de repatriación regulares y semanales”, publicó el Departamento de Estado en X, días después de que su titular, Marco Rubio, amenazara con nuevas sanciones.
Desde 2014, casi 8 millones de venezolanos han abandonado su país, según Naciones Unidas. La crisis económica, que redujo el PIB en un 80%, ha sido el principal motor del éxodo. Nicolás Maduro, quien atribuye la migración masiva a las sanciones de EE.UU., ha minimizado durante años el impacto de la diáspora venezolana.
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