Migrantes de Afganistán, Rusia, Irán y China deportados de Estados Unidos y varados en Panamá recorren embajadas y consulados en busca desesperada de asilo en cualquier país que los acepte.
Hace apenas unas semanas, estos deportados estaban en el centro de la preocupación humanitaria internacional. Ahora, con escasa asistencia legal y sin una salida clara por parte de las autoridades, temen quedar en el olvido.
«Después de esto, no sabemos qué haremos», expresó Hayatullah Omagh, un afgano de 29 años que huyó de su país en 2022 tras la llegada del Talibán al poder.
En febrero, Estados Unidos deportó a casi 300 personas, en su mayoría de países asiáticos, enviándolas a Panamá como una escala temporal, ya que Washington tenía dificultades para repatriarlas directamente. Mientras la administración de Donald Trump buscaba acelerar las deportaciones, algunos migrantes aceptaron regresar voluntariamente a sus países, pero otros se negaron por temor a la persecución y fueron enviados a un campamento remoto en la selva del Darién durante semanas.
A principios de marzo, las autoridades panameñas los trasladaron a la capital y les dieron un mes para abandonar el país. Según el gobierno, los migrantes rechazaron la ayuda de organizaciones internacionales y decidieron gestionar sus propias solicitudes. Sin embargo, con recursos limitados, desconocimiento del país y sin hablar español, se han encontrado con múltiples obstáculos.
El martes, un grupo de migrantes visitó varias misiones diplomáticas en la Ciudad de Panamá, incluidas las embajadas de Canadá y el Reino Unido y los consulados de Suiza y Australia, con la esperanza de iniciar solicitudes de asilo. Fueron rechazados o les indicaron que debían comunicarse por correo electrónico. Sin embargo, sus mensajes no recibieron respuesta o solo obtuvieron respuestas genéricas informando que no podían ayudarlos.
En un correo electrónico, Omagh detalló los motivos de su huida y suplicó: «Por favor, no dejen que me envíen de regreso a Afganistán, un lugar donde no hay forma de que pueda sobrevivir».
La embajada de Canadá en Panamá respondió que no ofrece servicios de visado, inmigración ni refugio. En la embajada británica, un guardia de seguridad entregó a los solicitantes un folleto titulado «Ayuda de emergencia para ciudadanos británicos». El consulado suizo les indicó que debían contactar con la embajada en Costa Rica y les proporcionó un documento con los datos de contacto impresos desde su página web.
Los migrantes recorrieron medio mundo para llegar a la frontera de Estados Unidos, donde solicitaron asilo. Sin embargo, en lugar de recibir protección, terminaron en Panamá, un país que muchos de ellos habían atravesado meses atrás rumbo al norte.
Algunos deportados consideran pedir refugio en Panamá, pero tanto organismos internacionales como las propias autoridades panameñas les han advertido que es prácticamente imposible obtenerlo.
Álvaro Botero, activista proinmigración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que no le sorprende el rechazo de las embajadas, ya que los países solo conceden asilo en casos extremos de persecución política y podrían temer generar tensiones con Estados Unidos.
«Es crucial que no se olvide a estas personas», advirtió Botero. «Nunca pidieron ser enviados a Panamá, y ahora están aquí sin saber qué hacer ni cuál será su futuro».
Mientras tanto, la administración de Donald Trump ha endurecido aún más su política migratoria: ha cerrado las vías legales de entrada por la frontera sur, acelerado las deportaciones y suspendido el reasentamiento de refugiados, así como el financiamiento a organizaciones que podrían ayudar a los migrantes varados en Panamá.
El pasado fin de semana, el gobierno de EE.UU. deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador, donde fueron retenidos en una prisión de máxima seguridad para pandillas. Washington afirmó—sin presentar pruebas—que formaban parte de la organización criminal Tren de Aragua.
El jueves, los migrantes acudieron a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Según Omagh, los funcionarios les informaron que no podían ayudarlos a buscar asilo en otros países debido a restricciones del gobierno panameño. Solo les ofrecieron asistencia para solicitar refugio en Panamá, pero les advirtieron que era muy poco probable que sus solicitudes fueran aceptadas.
Ese mismo día, Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, advirtió que los recortes de ayuda federal estadounidense afectarán la asistencia a refugiados en todo el mundo.
«Hacemos un llamado a los Estados miembros para que cumplan sus compromisos con las personas desplazadas. Ahora es el momento de la solidaridad, no de la retirada», declaró Grandi en un comunicado.
Los deportados, incluido Omagh, temen que los gobiernos extranjeros y las organizaciones humanitarias los abandonen.
Como ateo y miembro de la minoría hazara en Afganistán, Omagh cree que regresar a su país sería una sentencia de muerte. Antes de llegar a Estados Unidos, pasó años intentando vivir en Pakistán e Irán, donde se le negó la visa.
Otro migrante, el ruso Aleksandr Surgin, explicó que huyó de su país tras oponerse abiertamente a la guerra en Ucrania en redes sociales. Dijo que funcionarios rusos le advirtieron que podría ser encarcelado o, peor aún, obligado a unirse al ejército en el conflicto.
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