Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, negó este domingo en un comunicado que la Administración de Donald Trump hubiera desobedecido la orden del juez James Boasberg, del Distrito de Columbia. El magistrado había bloqueado temporalmente la aplicación de una ley del siglo XVIII a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados con la organización criminal Tren de Aragua. Esta norma permite la deportación en tiempos de guerra de enemigos de Estados Unidos. Además, Boasberg ordenó verbalmente que dos vuelos en el aire regresaran de inmediato. Sin embargo, uno de ellos aterrizó en El Salvador con 261 migrantes a bordo. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, difundió un video en el que presumía su política de mano dura contra ellos.
Leavitt afirmó que la orden judicial llegó después de que la aeronave hubiera salido del espacio aéreo estadounidense, descartando así cualquier desafío del Ejecutivo al Judicial. También argumentó que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre las decisiones presidenciales en política exterior ni sobre la expulsión de extranjeros considerados enemigos. «Un solo juez no puede decidir el rumbo de un avión lleno de terroristas extranjeros expulsados de suelo estadounidense», declaró.
El vuelo a El Salvador transportaba 261 indocumentados: 137 fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, 101 venezolanos bajo el Título 8 de la legislación migratoria, y los demás eran 21 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y dos cabecillas de la organización.
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
Bukele publicó un video con una producción cinematográfica en la que mostraba la llegada de los deportados, asegurando que su gobierno los recibió en virtud de un acuerdo con la Administración Trump. En X, se burló del juez con el mensaje: «Oopsie… Too late». Más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, agradeció a Bukele por ser «el líder de seguridad más fuerte de la región» y «un gran amigo de Estados Unidos». En el video, agentes encapuchados y armados trasladan a los detenidos, les descubren los tatuajes, los esposan y los llevan al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel símbolo de la política de seguridad de Bukele, duramente criticada por organismos de derechos humanos.
El vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, respaldó la decisión de no retornar el vuelo. «Había criminales violentos y violadores en nuestro país», escribió en X. «Los demócratas querían mantenerlos aquí. El presidente Trump los deportó».
La deportación se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma promulgada en 1798 durante la presidencia de John Adams. Se ha aplicado en tres ocasiones: en la Guerra de 1812 contra los británicos y en ambas guerras mundiales. Su uso más controvertido fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando se internó a ciudadanos estadounidenses de origen japonés en campos de prisioneros. En este caso, existen dudas jurídicas sobre si los actos del Tren de Aragua pueden considerarse una «invasión». Para que EE.UU. declare la guerra, se necesita la aprobación del Congreso. La Casa Blanca está dispuesta a llevar el caso ante el Tribunal Supremo, donde seis de los nueve jueces son conservadores y tres fueron nombrados por Trump.
El momento exacto en que despegó el vuelo es clave. Boasberg emitió su fallo poco antes de las 19:00 en Washington, mientras que en El Salvador eran casi las 17:00. Su decisión se notificó electrónicamente a las agencias gubernamentales a las 19:26. Sin embargo, el video de Bukele se grabó ya de noche, lo que genera dudas sobre si la Administración Trump ignoró la orden judicial.
El Tren de Aragua, de origen venezolano, se convirtió en un tema central en la campaña de reelección de Trump para justificar su promesa de deportaciones masivas. Sus miembros están involucrados en tráfico de drogas y personas. Trump declaró a la pandilla como una organización terrorista y ordenó la expulsión de cualquier persona vinculada a ella, siempre que tenga más de 14 años. Además, EE.UU. acusa al grupo de operar con cárteles de drogas supuestamente respaldados por el gobierno de Venezuela, lo que ha tensado aún más las relaciones bilaterales.
El régimen de Nicolás Maduro denunció la deportación como una violación de leyes estadounidenses e internacionales y la calificó como «un crimen de lesa humanidad». En un comunicado, comparó las acciones de Trump con «los episodios más oscuros de la historia», mencionando la esclavitud y los campos de concentración nazis.
Maduro había pactado con Richard Grenell, enviado especial de Trump, el envío de aviones con deportados, incluidos miembros del Tren de Aragua. Solo llegaron tres vuelos en febrero con 609 personas. Ante la aparente suspensión de traslados por parte de Venezuela, EE.UU. revocó la licencia petrolera de Chevron, afectando las finanzas de Maduro. La semana pasada, Grenell y Jorge Rodríguez, líder del Parlamento venezolano, anunciaron la reanudación de los vuelos. Ahora queda por ver cómo afectará este incidente a ese acuerdo.
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