Era un viaje que la familia había realizado hasta cinco veces en el último año, desde que a su hija de 10 años le diagnosticaron un tumor cerebral cancerígeno. Pero esta vez, su destino final no fue un consultorio médico en Houston, sino el lado mexicano de un puente fronterizo sobre el río Bravo, en Texas. Los padres, indocumentados, y sus cinco hijos —cuatro de ellos ciudadanos estadounidenses por nacimiento— fueron expulsados del país con nada más que lo que llevaban puesto.
Más de un mes después de la deportación exprés, la familia, identificada con el nombre ficticio de Hernández García por razones de seguridad, sigue en México en condiciones precarias. La niña, recién operada del cerebro, y su hermano de 15 años, quien padece una afección cardíaca, no han recibido la atención médica que necesitan. Mientras tanto, el hijo mayor, de 17 años, permanece solo en Texas. Las autoridades mexicanas, consultadas por este medio, aseguran que aún no han logrado localizar a la familia.
El caso, revelado por primera vez por NBC, es una prueba más de la política de deportación masiva que la administración de Donald Trump ha intensificado en su segundo mandato. Durante su primera gestión, la separación de familias en la frontera generó un escándalo que lo obligó a dar marcha atrás. Ahora, sin embargo, el gobierno ha endurecido aún más su postura. Tom Homan, el actual responsable de la frontera, lo dejó claro hace meses en una entrevista. Cuando le preguntaron cómo evitarían separar a familias de estatus migratorio mixto, respondió sin titubeos: «Las familias pueden ser deportadas juntas». El caso de los Hernández García es la primera evidencia pública de esta política en acción.
Según la madre, la familia se dirigía de Río Grande City a Houston para una consulta médica de emergencia. Como en ocasiones anteriores, llevaban cartas firmadas por médicos y abogados para justificar su paso por un puesto de control migratorio. Siempre había sido suficiente. Esta vez, no. A pesar de no tener antecedentes criminales, los agentes ignoraron los documentos, detuvieron a la familia y los trasladaron a un centro de detención. Allí, fueron separados por género y, según el testimonio de la madre, tratados con extrema dureza: los niños fueron sometidos a registros invasivos y recibieron insultos racistas. Además, los agentes intentaron confiscar sus medicamentos.
El peor momento llegó cuando los padres fueron obligados a elegir entre dejar a sus hijos en Estados Unidos bajo custodia gubernamental —lo que significaba que difícilmente los volverían a ver— o ser deportados junto a ellos. Sin documentos de tutela que establecieran un responsable claro, los menores habrían sido ingresados en el sistema de acogida, del que es difícil salir. La decisión, aunque desgarradora, estaba tomada: la familia se mantendría unida.
Juntos fueron trasladados en una furgoneta hasta la frontera y abandonados en el lado mexicano. Desde entonces, han pasado de un albergue a una vivienda temporal, pero siguen enfrentando inseguridad y dificultades para acceder a servicios básicos. La niña aún sufre inflamación cerebral, lo que le dificulta hablar y moverse. Su hermano necesita tratamiento para su afección cardíaca. Ninguno ha recibido la atención médica necesaria, ni han podido asistir a la escuela. Mientras tanto, el hijo mayor, de 17 años, sigue solo en Texas.
Las autoridades estadounidenses no han emitido una respuesta oficial sobre el caso. La familia y la organización Texas Civil Rights Project han iniciado una campaña para exigir al Congreso su reunificación. «Mis hijos merecen atención médica, educación y vivir en el único país que conocen como su hogar», declaró la madre en un comunicado. «Pero también merecen ser criados por sus padres en ese hogar».
El caso de los Hernández García no solo recuerda la tragedia de la separación familiar, sino que también reaviva la controversia en torno a la política migratoria de Trump. Existen dudas sobre la legalidad de la deportación, pues no está claro si fue ordenada por un juez. Además, al expulsar a ciudadanos estadounidenses nacidos en el país, el gobierno ha llevado el debate sobre la ciudadanía por nacimiento del ámbito legal —donde se encuentra en disputa tras múltiples demandas contra un decreto de Trump— al terreno de la realidad, con consecuencias devastadoras para las familias afectadas.
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