El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado el martes tras la emisión de una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, según informó el Gobierno de Filipinas.
Duterte fue investigado por la CPI debido a su violenta campaña antidroga durante su mandato, en la que más de 6.000 personas perdieron la vida, según datos oficiales. Sin embargo, organizaciones independientes estiman que la cifra real de ejecuciones extrajudiciales podría ser significativamente mayor.
El exmandatario, de 79 años, fue detenido en medio del caos en el aeropuerto principal de Manila, al regresar de Hong Kong. La oficina de Interpol en Manila confirmó que recibió la orden de arresto de la CPI el martes por la mañana, según un comunicado de la Oficina Presidencial de Comunicaciones.
«A su llegada, el fiscal general presentó la notificación de la CPI para su arresto por crímenes de lesa humanidad», indicó el comunicado, agregando que Duterte permanece bajo custodia de las autoridades.
El expresidente cuestionó la validez de la orden. «¿Qué ley he violado y cuál es mi crimen?», preguntó en un video publicado en redes sociales por su hija, Veronica «Kitty» Duterte.
El legado de Duterte y la brutal guerra contra las drogas
Apodado «el Trump de Asia» por su estilo de liderazgo directo y su retórica incendiaria, Duterte asumió la presidencia en 2016 con la promesa de erradicar el tráfico de drogas en Filipinas. Su guerra contra las drogas resultó en la muerte de miles de personas, muchas de ellas jóvenes de barrios empobrecidos, abatidos por la policía y sicarios.
El derramamiento de sangre generó una investigación de la CPI, así como indagaciones por parte del Congreso y el Senado filipino. Duterte siempre ha negado la existencia de ejecuciones extrajudiciales, aunque también ha admitido haber dado órdenes a la policía de disparar a sospechosos que resistieran el arresto.
En 2019, Filipinas se retiró de la CPI bajo su mandato. No obstante, el tribunal aún tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país era miembro, es decir, entre 2016 y 2019.
Mientras tanto, el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien asumió el cargo en 2022, ha insinuado que Duterte podría ser entregado a la CPI. “Nuestras fuerzas del orden están preparadas para actuar conforme a la ley si Interpol solicita la ejecución de la orden de arresto”, declaró la subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro, según Reuters.
Duterte desafía a la CPI
El domingo, en un evento en Hong Kong, Duterte arremetió contra la CPI en medio de rumores sobre una posible orden de arresto en su contra. «Según mis propias fuentes, tengo una orden de arresto… de la CPI o algo así», dijo ante sus seguidores.
«¿Qué hice mal? Hice todo lo que pude para traer paz y tranquilidad a la vida de los filipinos», afirmó.
Su exvocero, Harry Roque, rechazó la legalidad de la detención y argumentó que Filipinas ya no es miembro de la CPI. “Esto es una detención ilegal”, declaró en un video en Facebook. “No hemos visto ninguna orden de arresto ni de la Policía ni de Interpol”.
Sin embargo, grupos de derechos humanos celebraron la detención y pidieron que Duterte sea entregado a la CPI.
“Este es un paso crucial hacia la rendición de cuentas en Filipinas”, señaló Bryony Lau, subdirectora para Asia de Human Rights Watch. “Su arresto acerca a las víctimas y sus familias a la justicia y envía un claro mensaje: nadie está por encima de la ley”.
El ascenso y la caída de un líder polémico
Antes de llegar a la presidencia, Duterte ya tenía una reputación de mano dura como alcalde de Davao City, una ciudad de 1.5 millones de habitantes en Mindanao. Durante más de dos décadas, impuso un enfoque implacable contra la delincuencia, pero su gestión estuvo marcada por acusaciones de ejecuciones extrajudiciales cometidas por grupos parapoliciales.
En su último discurso de campaña antes de ganar la presidencia en 2016, dejó clara su postura: “Olvídense de los derechos humanos. Si llego al palacio presidencial, haré lo mismo que hice como alcalde. Ustedes, traficantes de drogas, atracadores y delincuentes, mejor váyanse. Porque, como alcalde, los mataré”.
A pesar de su delicado estado de salud y de la amenaza de una orden de arresto de la CPI, en octubre Duterte se postuló nuevamente para la alcaldía de su ciudad natal. Su candidatura fue vista como un intento de fortalecer su dinastía política en medio de crecientes tensiones con su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, y el presidente Marcos Jr.
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