En los últimos años, han surgido varias iniciativas de ciudades privadas con fines de lucro que buscan redefinir la gobernanza y el desarrollo económico combinando principios libertarios, neoliberales y corporativistas. Un ejemplo es Shenzhen, en China, que inició en 1980 como una zona económica especial y evolucionó de un pueblo pesquero a una metrópolis con un PIB de 482 mil millones de dólares. Otro caso es Neom, en Arabia Saudita, cuyo futuro aún está por verse.
Ubicada en la isla de Roatán, Honduras, Prospera fue concebida como una ciudad-estado libertaria con un sistema fiscal y regulatorio independiente para atraer inversionistas, empresarios tecnológicos y defensores del libre mercado. Creada por el venezolano Erick Brimen, un exgerente de fondos de inversión, Prospera opera con su propio código legal, tasas impositivas mínimas y un sistema judicial digital administrado por jueces retirados de Arizona. Con una tasa impositiva corporativa del 1% y sin impuestos sobre ganancias de capital, se presentó como una alternativa al sistema hondureño, promoviendo la economía de libre mercado y la mínima intervención gubernamental.
Desde su fundación en 2017, Prospera atrajo a inversionistas de Silicon Valley como Brian Armstrong (CEO de Coinbase) y Peter Thiel, quienes vieron en el enclave una oportunidad para la innovación tecnológica y financiera. También se convirtió en un imán para biohackers y criptomillonarios, organizando conferencias con el lema “Make Death Optional” y acogiendo empresas de biotecnología y energía nuclear. Sin embargo, el proyecto pronto chocó con la realidad política y social de Honduras, generando una crisis que ahora amenaza su existencia.
Prospera se estableció bajo la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), aprobada durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, tras su arresto y condena por narcotráfico en Estados Unidos, la presidenta Xiomara Castro calificó el proyecto como una creación de un “narco-régimen”. En 2024, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional la ley de las ZEDEs, poniendo en duda la legalidad de Prospera. En respuesta, Brimen demandó a Honduras por 11.000 millones de dólares ante un tribunal internacional de arbitraje y ha invertido cientos de miles de dólares en lobby en el Congreso de EE.UU. para presionar al gobierno hondureño.
Al conflicto legal se sumó la oposición de líderes comunitarios e indígenas en Roatán. La comunidad de Crawfish Rock, vecina de Prospera, ha denunciado que el proyecto amenaza su territorio y su forma de vida. Disputas por el acceso al agua y la expansión territorial han provocado tensiones entre empleados de Prospera y residentes locales.
Prospera se destacó por su modelo de autorregulación, permitiendo a las empresas elegir entre regulaciones de 36 países distintos o crear sus propias normativas, siempre que contraten un seguro de responsabilidad civil. Esto atrajo a sectores de alta tecnología y biomedicina, incluyendo startups enfocadas en longevidad extrema y terapias experimentales prohibidas en EE.UU. Empresas como Oklo, respaldada por Sam Altman, han establecido operaciones en Prospera, junto con otras dedicadas a tratamientos médicos no regulados y criptomonedas.
Sin embargo, la falta de un marco tributario claro ha generado fricciones con el gobierno local. El alcalde de Roatán, Ron McNab, ha criticado que Prospera usa la infraestructura de la isla sin pagar impuestos municipales, agravando problemas urbanos como la falta de carreteras, drenaje y seguridad.
Ante la incertidumbre en Honduras, Brimen y la empresaria Magatte Wade han lanzado Prospera Africa, un intento de replicar el modelo en países africanos. La región subsahariana es vista como un terreno fértil para estos proyectos debido a su rápido crecimiento urbano y alta demanda de inversión privada. Wade ha enfatizado que su objetivo es evitar los errores cometidos en Honduras y trabajar en colaboración con los gobiernos locales.
Lo que comenzó como un experimento en autogobierno se ha convertido en una batalla legal, política y social. Mientras Brimen y sus aliados buscan el reconocimiento internacional de Prospera, la resistencia local y las acciones gubernamentales han puesto en jaque el proyecto. Si logra sobrevivir, sentará un precedente para otras ciudades autónomas en el mundo. Si fracasa, reforzará el escepticismo sobre la viabilidad de estos enclaves libertarios en países con contextos políticos y económicos frágiles.
El conflicto entre Prospera y Honduras está lejos de resolverse, planteando preguntas fundamentales: ¿Puede una corporación reemplazar a un Estado? ¿Hasta dónde llega el derecho de una comunidad a autogobernarse?
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