Yu Huaying, de 61 años, fue ejecutada este viernes en Guiyang, capital de la provincia de Guizhou, en China, tras ser condenada a pena de muerte por el secuestro y venta de 17 menores entre 1993 y 2003, informó el Tribunal Intermedio de Guiyang a través de la red social WeChat.
La ejecución de Yu se llevó a cabo luego de que el Tribunal Supremo de China revisara y ratificara la sentencia, en un caso que conmocionó a la opinión pública y volvió a poner el foco en el persistente problema del tráfico de menores en el país.
El historial delictivo de Yu Huaying se remonta a 2004, cuando fue detenida en la provincia de Yunnan mientras cometía otro delito bajo la identidad falsa de Zhang Yun. En ese momento, fue sentenciada a ocho años de prisión, pero su pena fue reducida en tres años, permitiéndole recuperar la libertad en 2009.
El caso fue reabierto en 2022, gracias a la denuncia de Yang Niuhua, una víctima de tráfico infantil que logró localizar a su hermana biológica. Su testimonio proporcionó pruebas clave que llevaron a la captura y procesamiento de Yu, considerada una de las mayores traficantes de menores de la región.
El 18 de septiembre de 2023, Yu fue sometida a un primer juicio en el que se dictó la condena a muerte. Sin embargo, el Tribunal Popular Superior de Guizhou revisó el caso el 8 de enero de 2024 y determinó que algunos delitos adicionales no habían sido considerados.
Un nuevo juicio se llevó a cabo el 11 de octubre de 2024, en el que la fiscalía reafirmó la solicitud de la pena capital, argumentando la gravedad de los crímenes cometidos. Finalmente, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo, lo que llevó a la ejecución de la condenada este viernes.
Antes de ser ejecutada, Yu tuvo la oportunidad de reunirse con sus familiares, en cumplimiento de la normativa vigente en China para los condenados a la pena de muerte.
Las investigaciones revelaron que Yu Huaying operaba en las provincias de Guizhou, Chongqing y Yunnan, donde secuestraba niños de familias vulnerables para venderlos con fines de lucro. Su modus operandi consistía en ganarse la confianza de las víctimas y sus familias, o en algunos casos, utilizar la fuerza para llevarse a los menores.
El tráfico de menores en China es un problema de larga data, exacerbado por factores como la antigua política del hijo único y el desequilibrio de género. Según el Banco Mundial, en 2017 había un excedente de 42 millones de hombres en China, lo que contribuyó a la proliferación de redes de tráfico infantil y trata de mujeres. De acuerdo con datos oficiales, entre 2010 y 2019 se registraron 112.703 casos de tráfico de mujeres y menores en el país.
En los últimos años, las autoridades chinas han intensificado el uso de tecnologías avanzadas para resolver casos de tráfico de personas, incluyendo reconocimiento facial, pruebas de ADN y bases de datos nacionales de personas desaparecidas. Gracias a estas herramientas, muchas víctimas han logrado ser identificadas y reunidas con sus familias después de décadas de separación. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el problema persiste y que la demanda por menores sigue siendo elevada, especialmente en comunidades rurales.
China no publica cifras oficiales sobre el número de ejecuciones que lleva a cabo cada año. No obstante, Amnistía Internacional señala que el país sigue siendo el mayor ejecutor del mundo, con miles de condenas a pena de muerte dictadas anualmente. El sistema judicial chino se caracteriza por su rapidez en la aplicación de la pena capital, y en casos de delitos graves como el tráfico de menores, las sentencias suelen ejecutarse de manera expedita tras la ratificación del Tribunal Supremo.
El caso de Yu Huaying es uno de los más mediáticos en los últimos años. No obstante, expertos en derechos humanos advierten que la raíz del problema sigue sin resolverse, ya que la demanda de niños y niñas sigue siendo alta en China, impulsada por factores culturales y socioeconómicos.
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