México anunció el jueves que reformará la Constitución para blindarla contra cualquier injerencia extranjera, incluyendo intervenciones en la investigación y persecución de delincuentes, y para imponer las penas más severas a extranjeros vinculados con el tráfico de armas.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia matutina que estos cambios responden a la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por la administración de Donald Trump, una medida que podría facilitar acciones militares contra estos grupos o sus colaboradores.
«Queremos dejar claro que no negociamos la soberanía… esta no puede ser una excusa para que Estados Unidos viole nuestra soberanía», enfatizó Sheinbaum, insistiendo en que cualquier acción contra el crimen organizado debe basarse en la coordinación y la cooperación entre ambos países.
Uno de los párrafos propuestos establece que no se permitirá ninguna intervención en la investigación y persecución del crimen sin la autorización expresa del Estado mexicano, conforme a las leyes aplicables. Asimismo, prohíbe cualquier intromisión por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
Las leyes aprobadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ya limitaban la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano, exigiendo que México fuera informado de todas sus actividades. Esto generó preocupación en funcionarios estadounidenses, debido a la infiltración del crimen organizado en distintos niveles del gobierno mexicano. Con la reforma, estas restricciones quedarán blindadas en la Constitución.
Además, se plantea que cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, tráfico o ingreso ilícito de armas a México enfrentará la pena más severa posible, junto con la prisión preventiva. Esta medida apunta especialmente a ciudadanos estadounidenses, ya que más del 70% de las armas utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de EE.UU.
Por último, Sheinbaum anunció que México ampliará la demanda presentada ante cortes estadounidenses contra fabricantes y distribuidores de armas en EE.UU., acusándolos de «complicidad» con el crimen organizado mexicano, que es uno de los principales compradores de sus productos.
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